Un político comparece ante los medios a la salida de un juzgado. No ha habido sentencia, ni siquiera ha terminado la instrucción. Pero habla con la cadencia de quien ya ha ganado, usa el verbo «demostrado» como si fuera un hecho consumado, y a su alrededor los micrófonos amplifican la afirmación con la misma neutralidad con la que recogerían un fallo del Tribunal Supremo. En las horas siguientes, decenas de medios repetirán el titular. Ninguno de ellos ha visto un expediente. La frase, sin embargo, ya ha hecho su trabajo: ha instalado un relato que circula con la autoridad de la sentencia, sin haber pagado el precio de la prueba.
Esa escena, que se repite con variantes en cualquier ciclo político, contiene el problema real que quiero plantear. No es que existan relatos distintos. Eso es evidente y, a estas alturas, casi un lugar común. Es que esos relatos exigen niveles de rigor radicalmente distintos para imponerse, y el más débil de ellos ha aprendido a vestirse con la ropa del más fuerte para heredar su autoridad simbólica sin asumir su coste probatorio.
Conviene ordenar la escala, porque no es simétrica ni gradual: es un salto de exigencias.
El relato literario no debe nada a la prueba. Su pacto con el lector es otro: la verosimilitud interna, no la correspondencia con el mundo. Nadie exige a una novela que demuestre que ocurrió lo que cuenta, y eso no es una limitación del género sino su condición de posibilidad. La ficción es, en este sentido, el único relato que se sostiene enteramente sobre sí mismo.
El relato político, en cambio, opera en el mundo y pretende producir efectos sobre él, pero su exigencia material de rigor es mínima: basta lanzar una afirmación y conseguir que varios altavoces la repitan con la suficiente frecuencia para que deje de sonar a opinión y empiece a sonar a hecho. No hace falta refutarla, basta con que sea repetible. La repetición no es un efecto secundario de la propaganda política: es su mecanismo de validación. Chaïm Perelman, en su teoría de la argumentación, distinguía entre el auditorio universal, al que hay que convencer con razones que cualquiera podría aceptar, y el auditorio particular, al que basta confirmarle lo que ya quiere creer. El relato político casi nunca se dirige al primero. No necesita convencer: necesita confirmar.
El relato periodístico debería estar un escalón por encima, porque su oficio históricamente exigía contraste de fuentes y verificación de los hechos antes de publicarlos. El problema es que, en el ecosistema mediático actual, la proporción de lo que se presenta como información y es en realidad opinión ha crecido hasta el punto de que buena parte de lo que se lee como periodismo opera, de facto, con el mismo rigor —es decir, con la misma ausencia de rigor— que el relato político. La etiqueta «opinión» no exime de la responsabilidad de argumentar, pero en la práctica ha terminado funcionando como una zona libre de prueba.
El relato jurídico es distinto, y aquí hablo desde un lugar que conozco bien: el proceso no admite que una afirmación se instale por repetición. Exige prueba, exige que esa prueba pueda ser contradicha por la parte contraria, exige garantías procesales diseñadas precisamente para impedir que la retórica sustituya a la evidencia. Un tribunal no decide por aclamación ni por el número de seguidores de quien acusa. Es, dentro del ámbito social, el relato que exige el mayor rigor material para imponerse como verdad oficial.
Y sin embargo, aquí está el primer giro, el relato jurídico tiene algo que ni el político ni el periodístico poseen: mecanismos internos de revisión. Recurso, apelación, casación, nulidad. El sistema está diseñado para que una sentencia pueda ser corregida si se demuestra que el proceso falló. Esa capacidad de autocorrección no es un defecto del derecho, es su sofisticación.
El relato científico, el último y el más exigente, comparte esa misma lógica de revisión, llevada a su extremo. No basta con argumentar que la luz tiene una velocidad límite o que la selección natural explica la diversidad de las especies: hay que demostrarlo, y esa demostración permanece abierta a ser superada por una evidencia mejor. Karl Popper lo formuló con precisión: lo que distingue a una teoría científica no es que esté demostrada para siempre, sino que pueda ser refutada. La revisabilidad no es la debilidad del método científico. Es su motor.
Aquí aparece la paradoja que de verdad me interesa, y que la escena del juzgado ya anunciaba. Cuanto menor es el rigor exigido para instalar un relato, menor es también su capacidad de autocorrección una vez instalado. El relato político, que se impone con el mínimo esfuerzo probatorio, no tiene un mecanismo equivalente al recurso o a la refutación: una vez que la frase ha circulado lo suficiente, nadie la somete a apelación. Se sedimenta. El relato científico, que exige el máximo esfuerzo probatorio, es el único diseñado para ser derrocado por una evidencia mejor. La jerarquía de exigencia y la jerarquía de permanencia social van en direcciones opuestas: lo que cuesta menos instalar es, paradójicamente, lo que más difícil resulta desmontar.
Pensemos en términos de crédito, porque la imagen no es solo decorativa. Instalar un relato político no exige capital propio: no hay entrada, no hay aval, no hay garantía que depositar antes de lanzar la afirmación. El coste, si llega a pagarse, se paga después y casi nunca lo paga quien lanzó la frase, sino quien intenta desmentirla, obligado a un esfuerzo de prueba que el original nunca tuvo que hacer. El relato científico y el jurídico operan al revés: exigen pagar por adelantado. La demostración, la prueba, la contradicción, todo se exige antes de que el relato pueda circular con autoridad alguna. Por eso el relato político se instala a crédito, y por eso casi nunca llega el momento de la devolución: no hay acreedor institucional que lo reclame, no hay vencimiento, no hay quien ejecute el impago. El relato, simplemente, prescribe en el sentido más jurídico del término: deja de ser exigible no porque se haya demostrado falso, sino porque ha pasado suficiente tiempo sin que nadie, en la práctica, pudiera cobrarlo.
Y entre ambos extremos, el relato jurídico, que sí tiene mecanismos de revisión, se ha convertido en el terreno donde la lógica política intenta capturar esa autoridad sin pagar su precio. Cuando un proceso judicial se convierte en escenario antes que en procedimiento, cuando la imputación se usa como vehículo de relato político y la presunción de inocencia se sustituye por el linchamiento mediático previo a cualquier prueba, lo que ocurre no es solo una anomalía procesal: es el relato más débil tomando prestada la toga del más fuerte. El término «lawfare», usado tantas veces con ligereza que casi ha perdido precisión analítica, apunta sin embargo a un fenómeno real cuando se emplea con rigor: la instrumentalización del proceso como arma retórica, no como garantía.
Jürgen Habermas distinguía entre distintas pretensiones de validez que cualquier afirmación pone en juego: de verdad, cuando describe el mundo; de rectitud normativa, cuando regula la conducta; de sinceridad, cuando expresa una intención. Confundir estas pretensiones y tratar una afirmación política como si tuviera la validez de una demostración científica, o una opinión periodística como si tuviera la fuerza probatoria de una sentencia, no es solo una imprecisión retórica. Es un error de categoría que tiene consecuencias prácticas: decide qué exigimos creer y con qué fundamento.
Todo es relato, es cierto. Pero a partir de esa base la pregunta no es ya si algo es un relato, porque siempre lo es, sino qué le hemos exigido para que lo sea. Y cuando dejamos de hacer esa pregunta, cuando aceptamos que cualquier afirmación repetida con suficiente convicción tiene el mismo derecho a la verdad que una sentencia con todas las garantías o una teoría sometida a refutación, no estamos siendo tolerantes con la pluralidad de las narrativas. Estamos dejando de distinguir entre el relato que se sostiene porque resistió la prueba y el que se sostiene porque nadie le pidió ninguna.
Víctor Martínez López (Murcia, 1973) es un abogado vinculado a las industrias creativas, creativo publicitario y especialista en comunicación social.